Sinohydro y Progen: el país que se acostumbró a vivir entre corrupción y apagones
- José Ignacio Miranda Cifuentes
- 26 may
- 8 min de lectura
El juicio del caso Sinohydro debía continuar.
Pero se suspendió.
No por una sentencia.
No por una prueba inesperada.
No por una confesión.
Se suspendió porque el fiscal Carlos Alarcón debía asistir a otra audiencia.
La del caso Progen.
Puede parecer un problema de agenda.
No lo es.
Porque ese cruce procesal dejó una imagen demasiado precisa del país: mientras Ecuador empezaba a juzgar la gran promesa energética de hace más de quince años, también empezaba a investigar la contratación urgente de generadores porque el país volvió a quedarse sin luz.
Una audiencia por la energía prometida.
Otra por la energía que no llegó.
Y entre ambas, la misma pregunta:
¿Cómo un país que gastó miles de millones para resolver su futuro energético terminó contratando generadores de emergencia mientras vivía apagones?
Lo que sigue no es una sentencia.
Es una lectura construida sobre la base de los principales hechos públicamente acusados, investigados y discutidos en ambos casos.
Porque una cosa es acusar.
Otra, probar.
Pero hay algo que Ecuador ya no puede negar: llevamos más de quince años escuchando que el problema energético se va a resolver.
Y seguimos a oscuras.
La primera historia empieza en 2009
En la "decada ganada", Ecuador apostó por Coca Codo Sinclair.
La gran hidroeléctrica.
La obra símbolo.
La promesa de un país que quería dejar atrás la escasez energética y convertirse en potencia eléctrica.
Durante años se habló de megavatios.
De soberanía energética.
De desarrollo.
De futuro.
El discurso era sencillo: invertir miles de millones una sola vez para que Ecuador no volviera a discutir apagones.
Pero más de quince años después, el nombre Coca Codo Sinclair ya no aparece únicamente en informes técnicos o discursos de inauguración.
Aparece en un juicio penal.
Según la acusación fiscal, alrededor de Coca Codo Sinclair habría existido una presunta trama de cohecho vinculada a pagos indebidos relacionados con decisiones públicas sobre la obra.
Entre los procesados está el expresidente Lenín Moreno; Fiscalía sostiene que el caso involucra presuntos sobornos por alrededor de USD 76 millones y a 21 procesados.
Ese dato importa.
No porque signifique culpabilidad.
Para eso existe el juicio.
Importa porque muestra el tamaño de la historia.
No estamos hablando de una obra cualquiera. Estamos hablando de una de las principales hidroeléctricas del país, contratada por miles de millones, presentada como solución energética y hoy discutida también como expediente penal.
Ahí aparece el cohecho.
Dicho simple: soborno.
El cohecho ocurre cuando una persona con poder público solicita, recibe o acepta beneficios indebidos por decisiones relacionadas con su cargo.
Pero también alcanza al particular que ofrece, promete o entrega esos beneficios.
Porque el soborno nunca funciona solo.
Uno cobra.
Otro paga.
Uno tiene poder de decisión.
Otro quiere beneficiarse de esa decisión.
Si la tesis fiscal llegara a probarse, Sinohydro no sería solo la historia de una hidroeléctrica cuestionada.
Sería la historia de cómo una decisión pública destinada a garantizar energía pudo haber sido atravesada por intereses privados.
Ese es el primer golpe.
La obra que prometió luz terminó bajo sospecha.
La segunda historia empieza cuando volvió la oscuridad
Quince años después, en el "nuevo país", Ecuador volvió a vivir apagones.
Negocios cerrando antes de tiempo.
Hospitales reorganizando servicios.
Estudiantes esperando que regrese la luz.
Familias midiendo el día no por horas, sino por cortes eléctricos.
Entonces apareció una palabra peligrosa:
emergencia.
La emergencia tiene una lógica brutal.
Resolver rápido.
Y cuando todo debe resolverse rápido, el control empieza a parecer un estorbo.
En ese contexto apareció Progen.
En agosto de 2024, CELEC firmó contratos con Progen Industries LLC para incorporar generación eléctrica temporal.
Según la información pública, los contratos sumaron USD 149,1 millones para instalar generación en Quevedo y Salitral, con el objetivo de enfrentar la crisis eléctrica.
La promesa era simple.
Traer equipos.
Instalarlos.
Generar energía.
Apagar la crisis.
Pero una cosa es contratar.
Otra muy distinta es que los equipos lleguen, funcionen y soporten revisión técnica.
Luego aparecieron retrasos, cuestionamientos, pagos, garantías, problemas de ejecución y dudas sobre los equipos.
Primicias reportó que, para Salitral, CELEC transfirió USD 69,5 millones como pago del 70% del contrato, dentro de una investigación periodística sobre generadores usados y cuestionamientos técnicos.
Después apareció un dato especialmente incómodo: según información difundida públicamente, una comisión técnica enviada a Houston habría dejado constancia en video de observaciones sobre los generadores inspeccionados.
Ahí cambia la pregunta.
Ya no es solamente:
¿funcionaron los generadores?
La pregunta pasa a ser:
si existían alertas, ¿quién las conoció y qué hizo con esa información?
Porque si hubo advertencias técnicas, informes, videos o señales previas, el problema deja de ser únicamente energético.
Empieza a ser institucional.
Y eventualmente penal.
Progen y el peculado
Fiscalía formuló cargos contra 21 personas por presunto peculado dentro de los contratos de emergencia entre CELEC y Progen para instalar grupos electrógenos en Salitral y Quevedo.
La causa fue presentada el 14 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia de formulación de cargos.
Y aquí conviene explicar.
Una formulación de cargos no es una condena.
No significa que alguien ya sea culpable.
Significa que Fiscalía le dice formalmente al juez: tengo elementos iniciales para abrir una investigación penal contra estas personas.
Pero esa audiencia no es menor.
En una formulación de cargos, Fiscalía también puede pedir medidas cautelares.
Incluso prisión preventiva.
Dicho claro: una persona puede salir privada de libertad desde esa audiencia, aunque todavía no exista sentencia.
Pero la prisión preventiva no debería funcionar como castigo anticipado.
Sirve para asegurar el proceso: evitar fuga, impedir interferencias graves con la investigación o garantizar comparecencia.
Por eso la pregunta no es:
¿ya es culpable?
La pregunta correcta es:
¿hay elementos iniciales para investigar y razones excepcionales para restringir la libertad mientras avanza el proceso?
Ahora bien.
En Progen se investiga presunto peculado.
Y peculado no significa simplemente “robar plata pública”.
Es más amplio y más grave.
Se relaciona con usar, disponer, distraer o beneficiar indebidamente con recursos públicos desde una posición de manejo, control, autorización o administración.
Pero cuidado.
No basta que el contrato haya salido mal.
No basta que una decisión pública haya sido mala.
No basta que los generadores hayan tenido problemas.
El peculado es doloso.
Eso significa que Fiscalía debe probar conocimiento y voluntad.
En lenguaje común: no basta decir “se equivocaron”.
Debe probarse que alguien sabía que se afectaba el patrimonio público y aun así permitió, impulsó o facilitó que la operación avanzara.
Ahí aparece la verdadera pregunta de Progen.
No solo quién firmó.
Sino quién decidió.
Quién sabía.
Quién recibió alertas.
Quién podía detener.
Quién autorizó pagos.
Quién cobró.
Quién se benefició.
Y quién participó desde afuera.
Porque en el peculado también puede importar el particular: el contratista, proveedor, intermediario o beneficiario privado.
En Derecho Penal se habla del extraneus: quien no tiene la calidad de funcionario público, pero puede cooperar desde afuera en un delito especial contra la administración pública.
Dicho simple:
si alguien desde adentro abrió la puerta, también debe mirarse qué hizo quien entró desde afuera.
La pregunta que Fiscalía debe responder
La crítica central en Progen no debería ser solo política.
Debe ser jurídica.
Fiscalía no debería investigar solo al último que firmó.
Tampoco debería quedarse únicamente en técnicos, gerentes o funcionarios de ejecución.
En un caso de esta magnitud, la investigación debe reconstruir toda la cadena de decisión.
Desde abajo hacia arriba.
Y desde arriba hacia abajo.
¿Quién detectó el problema?
¿Quién recibió la alerta?
¿Quién tenía poder para detener el proceso?
¿Quién decidió continuar?
¿Quién autorizó?
¿Quién pagó?
¿Quién cobró?
¿Quién se benefició?
¿Y qué autoridades jerárquicamente superiores, ministros, asesores o funcionarios con poder real de decisión conocieron o debieron ser investigados para confirmar o descartar su participación?
Porque si la investigación se queda solo en el último papel, puede dejar intacta la verdadera decisión.
Y en delitos contra la administración pública, muchas veces el último que firma no es el primero que decide.
Las modalidades subjetivas importan
Aquí hay que traducir el Derecho Penal sin deformarlo.
Si alguien sabía que la operación afectaba recursos públicos y aun así la impulsó, podría discutirse dolo directo.
Si alguien no buscaba directamente causar un perjuicio, pero entendió seriamente que podía ocurrir y aceptó seguir adelante, podría discutirse dolo eventual.
Si una autoridad tenía un deber jurídico concreto de impedir el daño, podía actuar, conocía el riesgo y aun así no intervino, podría analizarse una omisión dolosa o comisión por omisión.
Y si alguien prefirió mantenerse lejos de información incómoda para después decir “yo no sabía”, podría discutirse —con mucha cautela— la ignorancia deliberada o ceguera voluntaria.
Pero esa figura no significa simple descuido.
No significa “debió saber”.
No significa negligencia.
Es algo más preciso: mantenerse deliberadamente alejado del conocimiento para conservar después una defensa de desconocimiento.
En lenguaje cotidiano:
“Prefiero no saber”.
“No me cuenten”.
“No quiero detalles”.
“Manejen eso ustedes”.
“Mientras no me entere, mejor”.
Pero debe usarse con extremo cuidado.
Porque el Derecho Penal no puede castigar a alguien solo porque debía darse cuenta.
Debe probar algo más serio: que existían razones fuertes para sospechar, que la persona podía conocer la verdad y que eligió mantenerse al margen para después alegar desconocimiento.
Lo que pasó después también importa
En estos casos no solo importa la decisión inicial.
También importa la reacción posterior.
Si alguien ocultó información, escondió documentos, coordinó versiones, alteró evidencias o ayudó a que otros aprovechen los efectos del delito, podría abrirse otra discusión penal.
En el COIP, el fraude procesal del artículo 272 incluye una modalidad que funciona como encubrimiento: favorecer a personas con conocimiento de su conducta delictiva, ocultar instrumentos o pruebas materiales, o facilitar el aprovechamiento de los efectos del delito.
Dicho simple: no solo importa cómo se tomó la decisión.
También importa qué hizo cada persona cuando el caso empezó a oler mal.
Un país sin memoria
Sinohydro y Progen no son el mismo caso.
No tienen el mismo delito.
No están en la misma etapa.
Pero juntos cuentan una sola historia.
En Sinohydro, según la acusación fiscal, una gran promesa energética pudo haber estado atravesada por sobornos.
En Progen, según la hipótesis investigativa, una contratación de emergencia para enfrentar apagones pudo haber comprometido recursos públicos.
Entre una historia y otra pasaron más de quince años.
Y aquí está el punto.
Más de quince años después seguimos hablando de energía, contratos, Fiscalía, corrupción y apagones.
Como si el país no tuviera memoria.
Como si cada crisis empezara desde cero.
Como si cada Gobierno volviera a vendernos la misma promesa:
ahora sí.
Ahora sí habrá energía.
Ahora sí habrá control.
Ahora sí habrá planificación.
Ahora sí habrá responsables.
Hasta el próximo apagón.
Lo que nadie quiere admitir
No toda mala decisión pública es delito.
No todo contrato fallido es corrupción.
No toda investigación termina en condena.
El Derecho Penal existe precisamente para distinguir.
Pero cuando en un sector estratégico se repiten promesas incumplidas, contratos millonarios, sospechas de sobornos, alertas técnicas, emergencias, procesos penales y apagones, el problema ya no puede reducirse a un expediente.
Se vuelve una forma de administrar el país.
Y la energía no es cualquier sector.
Sin energía no hay hospitales funcionando con normalidad.
No hay industria.
No hay comercio.
No hay clases.
No hay seguridad.
No hay vida cotidiana.
La corrupción energética no se paga solo con impuestos.
También se paga a oscuras.
Tal vez Ecuador no tenga únicamente una crisis eléctrica.
Tal vez tenga una crisis más difícil de reparar.
Una crisis de confianza.
Durante años confundimos inversión con desarrollo.
Contrato con planificación.
Urgencia con eficiencia.
Megavatios con institucionalidad.
Y escándalo con memoria.
El problema no es solo que exista Sinohydro.
Ni solo que exista Progen.
El problema sería descubrir que después de más de quince años seguimos respondiendo a las crisis con la misma fórmula:
promesa,
contrato,
emergencia,
sospecha,
investigación,
olvido.
Quizá esa sea la verdadera tragedia.
No solo que se haya ido la luz.
Sino que empecemos a creer que vivir entre corrupción, justicia a medias y apagones, es normal.
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