“Mami, sáqueme de aquí”: salir de noche y desaparecer en Quito

Doménica Palacios tiene 18 años. Fue vista por última vez el 20 de julio de 2026, en Iñaquito, al norte de Quito.

Después llegaron mensajes desde su teléfono.

Al principio, alguien dijo que estaba bien. Luego, según relató su familia, Doménica escribió que no sabía dónde estaba, que no veía bien, que no recordaba cómo había llegado hasta ese lugar y que había despertado junto a dos hombres y una mujer.

Uno de los mensajes decía:

“No sé qué me dieron”.

Otro era peor: “No sé quién soy”.

El último fue para su madre: “Mami, sáqueme de aquí. No quiero estar aquí”.

Después, el teléfono se apagó.

Y desde entonces, una familia busca a Doménica mientras el resto de Quito continúa con su vida.

Los autos circulan, los bares cierran, las cámaras siguen grabando y miles de personas comparten su fotografía antes de continuar hacia la siguiente publicación.

Para nosotros es una noticia. Para su madre, en cambio, el tiempo se detuvo en el último mensaje.

Cuatro días antes había desaparecido Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, de 28 años.

Salió de su casa en El Tingo y la última persona que habría estado con ella fue un amigo de su novio.

Después comenzaron las contradicciones.

Primero se habló de un hotel.

Luego, de una piscina.

Después, de un taxi.

Finalmente, del río Machángara.

La familia recibió una llamada en la que se afirmaba que Lizeth había caído al río.

Una de sus zapatillas fue encontrada en la ribera.

Según sus familiares, las cámaras registraron al hombre que la acompañaba abandonando solo el lugar.

Además, testigos habrían declarado ante la Fiscalía y la Dinased que presenciaron una agresión.

La Fiscalía anunció la formulación de cargos contra el sospechoso por desaparición involuntaria.

Lizeth tiene un hijo de nueve años.

También tiene una madre con un 95 % de discapacidad a quien cuidaba diariamente.

Su familia no necesita rumores, filtraciones ni sentencias dictadas en redes sociales.

Necesita saber dónde está.

Un mes antes, Quito había conocido el caso de Nathaly Juliette Mafla Castillo, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional.

Desapareció el 4 de junio.

Sus padres presentaron la denuncia dos días después.

El 9 de junio, su cuerpo fue encontrado en una quebrada de La Vicentina.

Entonces comenzó la reconstrucción de sus últimas horas.

El celular había quedado en manos de un amigo.

El bolso apareció dentro de la universidad.

Surgieron dudas sobre el recorrido de Nathaly después de abandonar el campus.

Una versión sostenía que había pagado el pasaje de un bus con uno de sus aretes.

También aparecieron interrogantes sobre las prendas que llevaba en las cámaras de seguridad y aquellas con las que fue encontrada.

La investigación pasó a tramitarse bajo la hipótesis de un posible femicidio.

Al cumplirse el primer mes todavía estaban pendientes los análisis toxicológicos, de ADN y otras pericias médico-legales.

Y esa es una de las consecuencias más crueles de una desaparición: la víctima ya no puede contar su historia, pero todos comienzan a contarla por ella.

Unos hablan de suicidio.

Otros, de femicidio.

Otros, de sustancias.

Otros ya identificaron culpables sin haber leído una sola página del expediente.

La verdad, mientras tanto, permanece en silencio.

Las primeras horas importan

Los casos de Doménica, Lizeth y Nathaly son distintos.

No existe información que permita afirmar que están relacionados ni que obedecen a una misma modalidad criminal.

Lo que comparten es otra cosa: la desesperación de sus familias por reconstruir las últimas horas y la facilidad con la que una ciudad puede tragarse el rastro de una persona.

Por eso, una investigación penal no puede levantarse sobre rumores ni intuiciones.

Necesita cámaras preservadas antes de que las grabaciones sean eliminadas, teléfonos sometidos a pericia, datos de geolocalización, registros de llamadas, movimientos bancarios, recorridos de transporte y testimonios obtenidos cuando la memoria todavía está fresca.

Después, todo se vuelve más difícil.

Los videos se sobrescriben.

Los teléfonos se apagan.

Las versiones cambian.

Los rastros biológicos desaparecen.

Quien pudo haber visto algo comienza a olvidar los detalles.

Sin embargo, todavía hay personas que creen que una familia debe esperar 24 o 48 horas para denunciar una desaparición.

Eso es falso.

La desaparición puede reportarse inmediatamente ante la Fiscalía o las unidades especializadas de la Policía Nacional.

Para personas adultas interviene la Dinased; cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, la Dinapen.

Fuera del horario de atención de la Fiscalía, el reporte puede presentarse ante las unidades especializadas de la Policía.

No hace falta recibir una llamada extorsiva.

Tampoco encontrar una prenda, un teléfono abandonado o una imagen inquietante en una cámara.

Si se desconoce el paradero de una persona y su ausencia no corresponde a su comportamiento habitual, la alerta debe activarse.

La propia Fiscalía explica que la investigación puede comenzar de oficio y sin dilación.

Conocida la desaparición, deben disponerse diligencias urgentes para localizar a la persona.

Eso dice el protocolo.

La realidad suele ser más incómoda: con frecuencia son las familias quienes recorren hospitales, solicitan videos, reconstruyen trayectos, imprimen afiches y convierten sus redes sociales en sistemas improvisados de búsqueda.

En Ecuador, una persona desaparece dos veces.

Primero, cuando deja de responder el teléfono.

Después, cuando sus últimas horas se pierden entre cámaras revisadas tarde, evidencias no preservadas y diligencias que alguien creyó que podían esperar hasta mañana.

Ahora bien, reportar una desaparición no significa afirmar que existe un delito ni señalar inmediatamente a un culpable.

Una persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce.

Esa circunstancia activa el deber de búsqueda, pero no prueba por sí sola que alguien la haya privado de su libertad.

La desaparición involuntaria, en cambio, es un delito y exige elementos concretos que permitan atribuir a una persona la privación de libertad, retención, traslado u ocultamiento de la víctima.

La diferencia es sencilla, pero fundamental: primero se busca; después se investiga; y únicamente cuando existen elementos suficientes se imputan responsabilidades.

Investigar rápido no significa investigar mal.

Significa evitar que la verdad desaparezca junto con la evidencia.

Hay personas que finalmente son localizadas.

Otras, lamentablemente, no regresan.

El escenario más trágico aparece cuando detrás de una desaparición opera una red de trata de personas: estructuras criminales que captan, trasladan y explotan a sus víctimas mientras sus familias continúan buscándolas.

Sobre este fenómeno y su posible conexión con los espacios clandestinos de Internet puede leer: [Desaparecidos en la era de la deep web y la dark web].

Los que regresan sin memoria

Los casos de Doménica, Lizeth y Nathaly no permiten afirmar que exista escopolamina de por medio.

No hay evidencia para sostenerlo y sería irresponsable fabricar una teoría común para hechos que, hasta ahora, no están conectados.

Pero existe otro fenómeno de inseguridad que Quito tampoco puede ignorar.

Mientras algunas familias buscan a personas que salieron y no regresaron, otras reciben a seres queridos que sí volvieron, pero sin recordar dónde estuvieron, con quién hablaron o qué ocurrió durante varias horas.

Son víctimas de robos cometidos mediante escopolamina u otras sustancias de sumisión química.

No desaparecen durante días.

Desaparecen de sí mismas durante algunas horas.

Y en ese vacío los delincuentes les roban el teléfono, obtienen sus claves, vacían sus cuentas bancarias, ingresan a sus viviendas o se llevan todo lo que pueden transportar.

Las cifras confirman que no estamos ante una simple leyenda urbana.

Durante el primer trimestre de 2026 se presentaron en Ecuador 461 denuncias por robos con escopolamina, un incremento del 27,7 % frente al mismo período de 2025.

Hasta el 29 de mayo, Quito acumulaba 343 denuncias por robos cometidos mediante el uso de sustancias, la cifra más alta entre las ciudades del país.

Y esas son únicamente las denuncias.

¿Cuántas víctimas prefirieron guardar silencio porque no recordaban lo sucedido?

¿Cuántas sintieron vergüenza?

¿Cuántas temieron que el sistema terminara juzgándolas por haber bebido, salido de noche o permitido que alguien entrara en su casa?

El 7 de junio, una pareja regresó a su edificio en Cotocollao después de salir de una discoteca.

A las 03:17, las cámaras la registraron ingresando acompañada por tres mujeres. Aproximadamente noventa minutos después, las mujeres abandonaron el inmueble cargando mochilas y bolsos.

Un automóvil rojo llegó para recogerlas.

La pareja habría sido escopolaminada.

Una de las víctimas necesitó atención médica.

Del departamento desaparecieron dinero, ropa, electrodomésticos y un parlante.

Las cámaras recordaron aquello que las víctimas no podían contar.

Pese a ello, cuando el caso se hizo público todavía no se había presentado una denuncia formal.

Tal vez fue por miedo.

Tal vez por vergüenza.

Tal vez porque las víctimas no podían reconstruir lo ocurrido.

O quizá porque denunciar supone ingresar a un sistema que demasiadas veces comienza preguntando por qué bebieron, con quién salieron o por qué confiaron en personas desconocidas.

Como si confiar fuera el delito.

Como si perder la conciencia fuera consentimiento.

La escopolamina no tiene poderes sobrenaturales.

No toda desorientación ni toda pérdida de memoria demuestra su presencia.

Síntomas similares pueden ser provocados por el alcohol, por otras sustancias o por una combinación de ellas.

Saber qué ocurrió exige una valoración médica y, cuando corresponda, un examen toxicológico practicado oportunamente.

Pero la sumisión química existe.

Una víctima puede caminar, conversar o entregar información sin comprender plenamente lo que está haciendo.

Después despierta y descubre que faltan su teléfono, sus tarjetas, su dinero y varias horas de su vida.

Por eso, decir que a alguien “le robaron con escopolamina” resulta insuficiente.

Primero le arrebataron la voluntad.

Después le robaron todo lo demás.

La responsabilidad, por supuesto, siempre pertenece al delincuente.

Una persona no es culpable por salir, beber o confiar.

Pero reconocer dónde está la culpa no impide tomar precauciones.

Hay reglas sencillas que pueden salvar una vida: salir acompañado, recibir las bebidas cerradas, no aceptar vasos de personas recién conocidas y no abandonar la comida o la bebida.

Si un vaso quedó fuera de nuestra vista, se reemplaza.

Ningún cóctel vale una noche sin memoria.

La tecnología también puede convertirse en una herramienta de protección. Google Maps, WhatsApp, Life360 y la aplicación Encontrar de Apple permiten compartir la ubicación en tiempo real con familiares o personas de confianza.

No se trata de vigilar a nadie, sino de establecer una red de seguridad.

Antes de salir, una familia puede acordar una hora de llegada, una palabra clave y una regla: si la persona deja de responder, cambia repentinamente su forma de escribir, rechaza llamadas mientras continúa enviando mensajes o aparece en un lugar inexplicable, alguien debe actuar.

Si una persona presenta desorientación, visión borrosa, somnolencia extrema o pérdida de conciencia después de consumir una bebida, necesita atención médica inmediata.

No debe quedarse sola ni conducir.

También deben preservarse, cuando sea posible, el vaso, la botella, los comprobantes, las conversaciones, la información de la aplicación de transporte y cualquier elemento que ayude a reconstruir el recorrido.

El tiempo importa para salvar a la víctima.

También importa para probar el delito.

Una ciudad que no puede acostumbrarse

Doménica, Lizeth y Nathaly no son una estadística.

Son tres mujeres con historias diferentes y casos que deben investigarse por separado.

Unirlas bajo una misma hipótesis sería falso.

Ignorar lo que revelan en conjunto sería absurdo.

Revelan una ciudad en la que desaparecer se ha vuelto imaginable.

Una ciudad donde las familias saben que tendrán que buscar cámaras por su cuenta.

Una ciudad donde alguien puede perder su voluntad, su memoria y sus pertenencias durante una noche.

No sé qué ocurrió con Doménica.

No conozco todavía toda la verdad sobre Lizeth.

Tampoco sé cómo murió Nathaly.

Precisamente por eso hay que investigar con rapidez, técnica y sin prejuicios.

La función de la Fiscalía no es confirmar el rumor más popular, sino reconstruir los hechos.

La función de la Policía no es esperar a que aparezca un cadáver, sino encontrar a una persona.

Y la obligación del Estado no termina cuando publica un afiche.

Ahí comienza.

Mientras escribo estas líneas, una madre continúa mirando su teléfono.

Tal vez espera una llamada, una ubicación o un último mensaje que esta vez diga que su hija está bien.

Si alguien de su familia desaparece, no espere 24 horas.

Denuncie.

Exija que se preserve la evidencia.

Porque frente a una desaparición, cada minuto que pasa no es únicamente un minuto de angustia.

También es una parte de la verdad que puede desaparecer.

¿Necesita un abogado? Contáctenos