Luisa González detenida: ¿dónde está el dinero ilícito?

Por José Ignacio Miranda Cifuentes | Análisis jurídico
La madrugada del 22 de octubre de 2026, mientras buena parte del país dormía, Luisa González fue detenida en Manabí.
La noticia recorrió Ecuador con la velocidad que solo alcanzan las detenciones de figuras políticas: primero llegaron las imágenes, después las declaraciones y, casi de inmediato, las sentencias pronunciadas desde las redes sociales.
Sin embargo, entre la fotografía de una detención y la demostración de un delito existe un camino que el proceso penal está obligado a recorrer.

La investigación se conoce como caso Laberinto.
Según la hipótesis divulgada por Fiscalía, entre mayo y agosto de 2023 una estructura de personas jurídicas habría canalizado aproximadamente 500.000 dólares para contratar publicidad vinculada con la campaña presidencial, al margen de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral.
La acusación pública apunta a recursos cuya procedencia y aportantes no habrían sido transparentados.
Me surge la primera duda.
¿Dinero sin justificar es igual a dinero de origen ilícito?
El caso fue bautizado como Laberinto, un nombre que parece describir las dificultades que supone seguir el rastro del dinero cuando este atraviesa empresas, cuentas bancarias y operaciones comerciales.
Según la teoría que ha hecho pública Fiscalía, entre mayo y agosto de 2023, una estructura de personas jurídicas habría canalizado aproximadamente 500.000 dólares para financiar publicidad vinculada con la campaña presidencial de Luisa González, recursos que no habrían sido declarados ante el Consejo Nacional Electoral y cuya procedencia, así como la identidad de sus aportantes, permanecerían sin esclarecer.
En otras palabras, Fiscalía sospecha que detrás de aquella publicidad electoral existió un circuito de financiamiento que escapó a los controles establecidos para las campañas políticas.
Sin embargo, para sostener una acusación por lavado de activos deberá ir mucho más allá de identificar quién pagó la publicidad o quién omitió declarar esos recursos: tendrá que establecer de dónde provino el dinero, por qué su origen sería ilícito y qué intervención concreta tuvo cada una de las personas investigadas.
Ahora bien, esta historia tiene un antecedente que merece especial atención.
Antes de que el caso llegara al ámbito penal, el Tribunal Contencioso Electoral ya había conocido irregularidades relacionadas con el financiamiento de aquella campaña.
Según la información publicada sobre la causa 575-2025-TCE, se identificaron 174.930 dólares en propaganda electoral que no habría sido declarada y otros 6.400 dólares en aportes cuya documentación resultó insuficiente, circunstancias que dieron lugar a una multa electoral de 18.000 dólares.
No obstante, estos valores son distintos de los aproximadamente 500.000 dólares que ahora investiga Fiscalía, por lo que resulta indispensable conocer cómo se relacionan ambas investigaciones y cuáles son las operaciones económicas que sustentan la nueva hipótesis fiscal.
Y es precisamente aquí donde el caso adquiere verdadera relevancia jurídica, porque una cosa es recibir dinero y omitir su declaración ante la autoridad electoral, y otra muy distinta es recibir, administrar o utilizar dinero proveniente de una actividad ilícita.
La primera conducta puede dar lugar a responsabilidades en materia electoral; la segunda, dependiendo de las circunstancias y de los elementos que se acrediten, podría configurar el delito de lavado de activos.
Confundir ambas situaciones significaría convertir una irregularidad electoral en un delito penal por el solo hecho de que existe dinero de por medio.
Por ello, el debate que se abre con la detención de Luisa González gira alrededor de varias preguntas mucho más importantes que la cantidad investigada:
¿Qué elementos tiene Fiscalía para sostener que esos recursos eran de origen ilícito?
¿Es este un nuevo caso de persecución política?
¿Puede Fiscalía ser objetiva cuando hay un concurso de desiganción de un nuevo Fiscal General de por medio?
¿Pueden los Jueces ser imparciales cuando exsisten destituciones y desmantelamientos de unidades especiales de por medio ?
Solo el tiempo y las pruebas contestaran a estas preguntas.
Hasta eso, contestemos esta pregunta:
¿Qué es el delito de Lavado de Activos?
Imaginemos por un momento que una organización dedicada al narcotráfico obtiene un millón de dólares producto de la venta de sustancias ilícitas.
Sus integrantes saben que no pueden acudir tranquilamente a un banco, depositar semejante cantidad y explicar que proviene de sus actividades comerciales.
Necesitan encontrar una manera de introducir ese dinero en la economía, hacerlo circular entre distintas operaciones y, finalmente, conseguir que aparezca como el resultado de un negocio legítimo.
Precisamente para perseguir estas conductas, el legislador ecuatoriano incorporó en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal el delito de lavado de activos, sancionando distintas formas de adquirir, transferir, administrar, utilizar, convertir, ocultar o beneficiarse de bienes de origen ilícito, conforme a las modalidades previstas en esa disposición.
Sin embargo, hay algo que debemos comprender antes de continuar: el punto de partida del lavado de activos es el origen ilícito del dinero o de los bienes involucrados.
Si bien una transferencia millonaria puede despertar sospechas, una factura puede presentar inconsistencias y una operación comercial puede resultar difícil de explicar, ninguna de estas circunstancias demuestra, por sí sola, que estemos frente a dinero proveniente de una actividad ilícita.
Por ejemplo, imaginemos que un empresario utiliza sus ganancias legítimas para financiar publicidad electoral, pero omite declarar esos aportes ante el organismo competente.
Esa omisión puede generar responsabilidades electorales e incluso justificar una investigación para esclarecer lo ocurrido; sin embargo, para sostener una acusación por lavado de activos será necesario establecer algo adicional y fundamental: que los recursos tenían un origen ilícito.
Una vez comprendido este presupuesto, podemos adentrarnos en la manera en que suele desarrollarse el lavado de activos.
Desde una perspectiva criminológica, la doctrina ha identificado tres fases que permiten explicar cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas puede incorporarse progresivamente al sistema económico.
La primera se conoce como colocación y consiste, en términos generales, en introducir esos recursos en el circuito económico o financiero, por ejemplo, mediante depósitos bancarios, compras de bienes o su incorporación a determinados negocios.
A continuación, encontramos la estratificación, también denominada diversificación u ocultamiento, en la que el dinero atraviesa una sucesión de transferencias, operaciones comerciales, intermediarios o sociedades con la finalidad de dificultar la reconstrucción de su procedencia.
Finalmente, aparece la integración, momento en el que los recursos regresan a la economía con una apariencia de legitimidad, como si fueran ganancias provenientes de inversiones, actividades empresariales o transacciones comerciales ordinarias.
Lo verdaderamente importante, por tanto, es identificar qué hizo la persona investigada, sobre qué activos recayó su conducta y qué elementos permiten sostener la ilicitud de su procedencia.
Llegados a este punto, aparece una de las particularidades más interesantes y controvertidas de este delito: el lavado de activos es un delito autónomo.
Aunque la expresión parezca reservada para especialistas, su significado resulta relativamente sencillo.
Imaginemos que una organización criminal obtiene dinero mediante una actividad delictiva y posteriormente lo introduce en el sistema financiero.
Para investigar y juzgar las operaciones de lavado, Fiscalía no necesita esperar a que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito que produjo esos recursos.
En otras palabras, el proceso por lavado de activos puede desarrollarse independientemente del proceso penal relacionado con la actividad ilícita antecedente.
Sin embargo, esta autonomía no significa que Fiscalía pueda prescindir de la demostración del origen ilícito de los activos.
Precisamente allí se encuentra uno de los mayores desafíos de esta clase de investigaciones, porque una cosa es que el Estado pueda perseguir el lavado sin una condena previa por el delito antecedente y otra, completamente distinta, es que se encuentre autorizado a presumir que todo patrimonio inexplicado proviene de la criminalidad.
En Ecuador, esta discusión adquirió particular importancia con la Resolución 20-2024 de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial el 22 de noviembre de 2024, mediante la cual se estableció un precedente jurisprudencial obligatorio relacionado con la utilización de prueba indiciaria para demostrar el origen ilícito de los activos, sin necesidad de contar con una sentencia condenatoria previa por el delito antecedente.
Esto significa que Fiscalía puede construir su hipótesis sobre el origen ilícito a partir de hechos comprobados que, apreciados de manera conjunta y mediante inferencias lógicas, permitan establecer la procedencia ilícita de los recursos.
Una transferencia sospechosa, una inconsistencia patrimonial o una operación económica inusual pueden constituir puntos de partida para una investigación; pero no necesariamente un origen ilícito del dinero.
Esta problemática ha ocupado una parte importante de mis investigaciones académicas.
En mi trabajo titulado «La presunción de inocencia frente a la determinación del delito previo en el lavado de activos», que constituye mi aporte a la obra colectiva Lavagem de Dinheiro: Temas Polêmicos no Brasil, Argentina, Equador e EUA, publicada en Argentina y Brasil, abordé precisamente las tensiones constitucionales que surgen cuando el Estado pretende demostrar el origen ilícito de determinados activos mediante prueba indiciaria.
Allí analicé la relación entre la autonomía del lavado de activos, la presunción de inocencia y los límites que deben observarse al momento de establecer la responsabilidad penal de una persona.
Se trata de una discusión que trasciende las fronteras ecuatorianas y que continúa planteando importantes interrogantes para el derecho penal contemporáneo.
Ahora bien, llegamos a uno de los aspectos más importantes de esta discusión: ¿quién debe demostrar que el dinero tiene un origen ilícito?
La respuesta es sencilla: Fiscalía.
En nuestro sistema penal, quien acusa tiene la obligación de probar los hechos que sustentan su acusación, porque así lo exige el principio constitucional de presunción de inocencia.
Por consiguiente, si Fiscalía sostiene que determinados recursos provienen de una actividad ilícita, deberá demostrarlo mediante elementos probatorios suficientes.
La ausencia de facturas, las inconsistencias contables o las transferencias sospechosas pueden justificar una investigación, pero ninguna de estas circunstancias permite, por sí sola, concluir que una persona cometió lavado de activos.
Sin embargo, quienes ejercemos la defensa penal sabemos que tener la razón jurídica no siempre es suficiente; también hay que saber demostrarla.
Por ello, en investigaciones de lavado de activos recomiendo una defensa activa y especializada, en la que el abogado penalista trabaje conjuntamente con un equipo contable y financiero forense.
Mientras el abogado analiza la relevancia penal de las operaciones investigadas, los especialistas financieros reconstruyen transferencias, examinan contratos, estados de cuenta, facturas y movimientos patrimoniales para explicar de dónde provino el dinero y cuál fue su destino.
En definitiva, se trata de justificar documentalmente cada centavo, no porque el investigado tenga la obligación de demostrar su inocencia, sino porque una defensa técnicamente preparada puede desvirtuar sospechas mediante evidencia financiera verificable.
Hay algo que siempre me ha llamado la atención en los casos de lavado de activos: muchas personas comienzan a preocuparse por el origen de su dinero cuando Fiscalía ya está revisando sus cuentas bancarias, sus contratos y hasta la última factura de sus negocios.
Para entonces, el problema puede ser mucho más grande de lo que imaginaban.
Y es que una operación económica perfectamente legítima, pero mal documentada, puede convertirse en el punto de partida de una investigación penal que comprometa la libertad, el patrimonio y la reputación de una persona.
Precisamente para prevenir estos escenarios existe una herramienta que, pese a su enorme importancia, todavía es poco conocida fuera del mundo empresarial: el compliance penal.
Su funcionamiento es más sencillo de lo que parece.
Consiste en establecer reglas y controles dentro de una organización para identificar riesgos, prevenir delitos y garantizar que sus operaciones económicas puedan ser verificadas.
Pensemos, por ejemplo, en una empresa que recibe inversiones o en un partido político que financia una campaña electoral.
Antes de aceptar un aporte, debería conocer quién entrega el dinero, de dónde proviene y cómo se utilizará.
A esto se lo conoce como debida diligencia, y su importancia radica en que permite detectar operaciones sospechosas antes de que se conviertan en un problema penal.
Pero aquí viene algo interesante: en Ecuador, los partidos y movimientos políticos nacionales tienen obligaciones específicas de prevención de lavado de activos desde 2021.
Así lo estableció la Resolución UAFE-DG-2021-00166, posteriormente reformada por la Resolución UAFE-DG-2021-0228, que les exige contar con un sistema de prevención y designar un oficial de cumplimiento.
¿Y quién es ese oficial de cumplimiento?
Imaginemos que un partido político recibe una importante contribución económica de una empresa.
Mientras sus dirigentes se preocupan por organizar la campaña, contratar publicidad y conseguir votos, debe existir alguien encargado de verificar que los controles de prevención funcionen, que los recursos sean examinados conforme a las obligaciones legales y que se presenten los reportes correspondientes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Esa es, precisamente, la función del oficial de cumplimiento: supervisar que la organización adopte y aplique las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos.
Y conviene recordar que estamos hablando de una obligación legal, con consecuencias concretas.
La legislación actualmente vigente considera una infracción administrativa grave no designar un oficial de cumplimiento y contempla multas de entre once y veinte salarios básicos unificados.
Además, el actual régimen de prevención incluye expresamente a las organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales reconocidas por el Consejo Nacional Electoral.
Por consiguiente, los controles sobre el origen y destino de los recursos políticos tienen un fundamento jurídico que va mucho más allá de las recomendaciones sobre transparencia electoral.
Sobre este tema, hace algunos años publiqué en la Revista de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador mi investigación «Compliance program como herramienta en la lucha contra la corrupción en Ecuador», en la que analicé la importancia de implementar mecanismos capaces de identificar riesgos y prevenir conductas delictivas dentro de las organizaciones.
Porque, después de todo, ¿de qué sirve tener un departamento de cumplimiento, un oficial designado y un manual de prevención si nadie verifica realmente de dónde proviene el dinero que ingresa a una organización?
Ahora bien, volvamos al caso Laberinto.
Según la teoría divulgada por Fiscalía, aproximadamente 500.000 dólares habrían sido canalizados mediante personas jurídicas para financiar publicidad durante la campaña presidencial de Luisa González en 2023, sin que estos recursos fueran declarados ante el Consejo Nacional Electoral.
Y considerando que para entonces ya existían obligaciones de prevención de lavado de activos aplicables a los partidos y movimientos políticos nacionales, resulta pertinente preguntarse qué controles se aplicaron sobre aquellos recursos, quién verificó su procedencia y qué documentación respaldó las operaciones investigadas.
Sin embargo, aquí debemos hacer una distinción fundamental: incumplir una obligación electoral o administrativa no equivale a cometer lavado de activos.
Por ello, aunque una investigación pueda revelar aportes no declarados, deficiencias en los controles financieros o irregularidades contables, para sostener una acusación conforme al artículo 317 del COIP, Fiscalía deberá demostrar el origen ilícito de los recursos y la conducta penalmente relevante que atribuye a cada investigado.
Es precisamente en ese punto donde una investigación contable y financiera rigurosa resulta indispensable, tanto para quien acusa como para quien ejerce la defensa.
Y es que el proceso penal no puede reducirse a una disputa entre quienes consideran culpable a una persona por su posición política y quienes la defienden por esa misma razón.
La responsabilidad penal se determina mediante hechos, pruebas y conductas individualmente atribuidas.
De allí que la investigación deba reconstruir el recorrido del dinero, identificar su procedencia y establecer qué participación tuvo cada persona en las operaciones cuestionadas, mientras que las defensas deberán examinar esa reconstrucción, contrastarla con los documentos y controvertir las conclusiones que no encuentren suficiente respaldo probatorio.
Al final, el caso Laberinto plantea una discusión que trasciende la detención de Luisa González.
Los ecuatorianos tenemos derecho a saber quién financia las campañas políticas, cuánto dinero reciben las organizaciones y cómo se utilizan esos recursos.
Pero también tenemos derecho a exigir que las investigaciones penales respeten la presunción de inocencia y que las acusaciones se construyan sobre pruebas, no sobre titulares.
Porque el dinero siempre deja un rastro, pero no todo rastro conduce a un delito.
Y antes de afirmar que alguien lavó dinero, Fiscalía tiene que responder la pregunta más importante de todas: ¿de dónde salió ese dinero y qué demuestra que su origen era ilícito?



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