¿Puede un guardia matar por un grafiti?

Homicidio culposo general o mala práctica profesional
Por José Ignacio Miranda Cifuentes
Diego Guerrero tenía 32 años.
El guardia investigado por su muerte, según los reportes policiales, tiene 25.
Diego murió después de recibir impactos en la cabeza; el guardia quedó con prisión preventiva y enfrenta un proceso por homicidio
Para los familiares de Diego, la muerte ya es definitiva.
Para el guardia, todavía está por decidirse cuántos años de su vida puede pasar en una cárcel.
Así llegan las personas al Derecho penal: con una tragedia que ya ocurrió y otra que sigue desarrollándose.

La madrugada del 10 de octubre, un grupo de amigos llegó desde Pifo hasta la Plaza Argentina, al norte de Quito.
Según uno de los sobrevivientes, un acompañante bajó del automóvil, pintó una puerta de una construcción y regresó al vehículo.
Cuando empezaban a retirarse, el guardia habría disparado contra la ventana del vehículo.
Diego estaba dentro del carro.
De acuerdo con ese relato, ni siquiera fue quien bajó a hacer el grafiti.
Los otros dos jóvenes resultaron heridos.
Después intentaron llegar a una casa de salud, pero el automóvil sufrió un desperfecto en Miravalle. Las desgracias casi nunca vienen solas.
Tuvieron que pedir ayuda a un taxista.
Esa es la escena que debemos tener presente cuando discutimos el caso: Una persona muerta depsues de haber hecho un grafiti.
También debemos mirar al guardia.
El otro personaje de esta desgracia.
Está privado de libertad y tendrá que explicar qué ocurrió durante su turno de trabajo.
¿Por qué disparó?
¿Qué vio?
¿Creyó que estaba en peligro?
Todavía necesitamos conocer su versión y contrastarla con los videos, las pericias y los testimonios.
Atribuirle hechos sin pruebas sería tan apresurado como decidir su responsabilidad únicamente a partir de un titular. Lo que si podemos hacer es lanzar hipótesis para entender un poco mejor que soluciones brinda el Derecho Penal a este tipo de casos.
Pero antes de llegar al disparo, conviene responder algo que parece haber quedado perdido en la discusión:
¿hacer un grafiti tiene consecuencias penales?
Sí.
El artículo 393, numeral 2, del COIP sanciona los daños al ornato o a la propiedad privada mediante pinturas, gráficos o frases en lugares no autorizados.
Prevé hasta cincuenta horas de trabajo comunitario o de uno a cinco días de prisión, además de reparar el daño.
Eso quiere decir que el propietario o terceros tienen el derecho a reclamar por la puerta, pero sobre todo, a protegerla.
Sin embargo, ese derecho también tiene límites.
¿Hasta dónde puede llegar una persona para proteger un inmueble?
¿Puede un grafiti justificar que alguien dispare contra un automóvil ocupado?
Para encontrar una respuesta, debemos volver al momento anterior al disparo y considerar algunas posibilidades.
La investigación tendrá que establecer si alguna de ellas ocurrió.
Supongamos primero que existió una agresión contra el guardia.
¿Podía defenderse?
Desde luego.
Aquí entra la legítima defensa, que es el permiso que reconoce la ley para proteger un derecho propio o ajeno frente a una agresión actual e ilegítima.
Si estaban atacando al guardia, podía actuar para detener esa agresión.
Pero el Derecho Penal plantea una pregunta necesaria en estos casos:
¿El guardia necesitaba disparar o tenía otra forma eficaz y menos dañina de protegerse?
Eso debe evaluarse según la gravedad del peligro, los medios disponibles y el tiempo que tenía para reaccionar.
Además, debía concurrir la falta de provocación suficiente por parte de quien se defendía.
Si se cumplen todas estas condiciones, el artículo 33 del COIP considera justificada su actuación y no corresponde imponer una pena, aunque se haya producido una muerte.
Inocente!
Ahora bien, volvamos a los hechos.
Bajo este supuesto
¿De qué necesitaba defenderse cuando disparó?
Si los jóvenes ya estaban dentro del carro y se retiraban, como afirma el sobreviviente, la pintada había terminado.
Hasta ahora, el relato conocido tampoco permite establecer que los jóvenes hubieran agredido al guardia.
Por tanto, para justificar una respuesta capaz de matar tendría que comprobarse una agresión que hiciera racionalmente necesaria esa forma de defensa.
El Derecho Penal plantea otra hipótesis: una agresión real, pero una reacción que sobrepasa lo necesario.
El Derecho llama a eso exceso en la legítima defensa.
Esto ocurre cuando alguien necesita defenderse, pero emplea más fuerza de la que racionalmente requiere para detener el ataque.
Imaginemos una variante del caso: el grafitero ataca al guardia a golpes y este le dispara, aunque podía detener la agresión mediante un recurso menos lesivo, disponible y eficaz, sin ponerse en mayor peligro. En ese supuesto podría existir un exceso.
En cambio, si el grafitero intenta apuñalarlo y el disparo resulta necesario para impedir la agresión, el uso del arma podría estar justificado.
La diferencia depende del peligro concreto y de las posibilidades reales de defensa que tenía el guardia en ese momento.
Cuando existe exceso, el artículo 31 del COIP establece la pena mínima del delito correspondiente, reducida en un tercio.
Ahora consideremos otra hipótesis: ¿y si el peligro solo existió en la percepción del guardia?
Imaginemos que el grafitero saca rápidamente un objeto del bolsillo.
El guardia lo confunde con una pistola y dispara porque cree que van a matarlo, pero el objeto era un teléfono.
Y ojo, esta es una hipótesis para explicar el problema jurídico, no un hecho que podamos atribuir a los jóvenes.
A esa defensa frente a una agresión imaginada se la llama legítima defensa putativa.
¿Qué consecuencias tendría para el guardia?
Lo primero es determinar si podía darse cuenta de que el objeto era un teléfono y no una pistola.
Si, incluso actuando con el cuidado necesario, no podía reconocer su equivocación, podría quedar libre de responsabilidad penal.
Inocente.
Pero si tenía la posibilidad de reconocer que no existía una amenaza y disparó precipitadamente, la consecuencia podría ser diferente.
Una interpretación del Derecho penal considera que, cuando una persona se equivoca sobre los hechos que justificarían su defensa, deben aplicarse las consecuencias del error de tipo.
Bajo esta interpretación, si el error podía evitarse y se demuestra que la muerte fue consecuencia del incumplimiento de un deber de cuidado, el guardia podría responder por homicidio culposo, con una pena de tres a cinco años de prisión, conforme al artículo 145 del COIP.
Pero imaginemos ahora una situación diferente.
El guardia sabe que los jóvenes únicamente están pintando una puerta.
Sabe que ninguno lo está atacando, pero cree que la ley le permite disparar para proteger el inmueble.
Aquí el problema cambia.
El guardia conoce perfectamente lo que está ocurriendo, pero se equivoca sobre lo que la ley le permite hacer.
A esta equivocación se la conoce como error de prohibición indirecto, porque la persona cree que su conducta está autorizada por la ley cuando, en realidad, no lo está.
¿Y qué pena enfrentaría?
El artículo 35.1 del COIP establece que, si el error era imposible de evitar, queda excluida la responsabilidad penal.
Inocente.
En cambio, si podía comprender que su actuación estaba prohibida, corresponde aplicar la pena mínima del delito, reducida en un tercio.
Esto significa que, si el guardia fuera responsable de homicidio conforme al artículo 144 del COIP, que establece una pena de diez a trece años, pero se demostrara un error de prohibición indirecto vencible, la pena sería de seis años y ocho meses de prisión.
Si, por el contrario, sabía que la ley le prohibía disparar en esas circunstancias, no podría beneficiarse de esa reducción y enfrentaría la pena ordinaria del homicidio: diez a trece años de prisión.
La diferencia es importante. Una cosa es disparar porque creemos equivocadamente que alguien va a matarnos y otra es hacerlo porque creemos que la ley nos permite utilizar un arma para proteger una propiedad.
En ambos casos, la investigación deberá establecer qué ocurrió, qué creía el guardia cuando disparó y si podía reconocer su equivocación.
De esas respuestas depende la consecuencia penal que corresponda.
Y aquí surge una nueva pregunta: si jurídicamente corresponde atribuir al guardia una muerte causada por culpa, ¿debemos aplicar el homicidio culposo general o examinar también la mala práctica profesional?
Creo que el artículo 146 sí puede ser aplicable a un guardia privado armado, siempre que se demuestren sus requisitos.
La razón está en el servicio que presta.
La ley exige formación específica para trabajar con un arma, incluyendo legítima defensa, responsabilidades legales, práctica de tiro y manejo de crisis.
También exige reentrenamiento periódico.
Al entregarle un arma para proteger personas y bienes, se le exige una preparación que debe servirle precisamente en momentos difíciles.
Además, la Corte Constitucional reconoció, en la sentencia 6-21-IN/25, que el artículo 146 puede comprender a profesionales de distintas ramas que desarrollan actividades inherentemente peligrosas.
La mala práctica profesional alcanza más actividades que la medicina.
Para aplicarla al guardia habrá que justificar que su actividad encaja en la profesión a la que se refiere la norma, comprobar que actuaba durante ese ejercicio e identificar qué regla concreta incumplió.
Después debe demostrarse que ese incumplimiento produjo la muerte y que el resultado podía preverse y evitarse.
Su acreditación, su formación y las instrucciones sobre el arma forman parte de esa discusión.
La consecuencia puede resultar difícil de aceptar.
El homicidio culposo general del artículo 145 tiene una pena de tres a cinco años.
La modalidad básica de mala práctica profesional del artículo 146 tiene una pena de uno a tres años.
¿Tan poco frente a una muerte?
Esa es la pena que establece la ley para esa modalidad.
Sube a tres a cinco años si concurren acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
Las tres deben comprobarse conjuntamente, como han precisado la Corte Nacional y la Corte Constitucional.
La gravedad de lo ocurrido obliga a investigar esos requisitos con rigor.
Mas allá de la discución del caso, de las figuras del Derecho Penal que puedan discutirse y de las penas aplicables; para los familiares de Diego, ninguna de esas cifras devuelve a quien perdieron.
Para el guardia, la diferencia puede determinar años de encierro.
Allí está la responsabilidad de quienes investigan, defienden, acusan y juzgan: establecer qué pasó y aplicar la consecuencia jurídica que corresponda, aun cuando resulte incómoda.
El juez deberá decidir si el guardia pudo actuar de otra manera. La familia de Diego tendrá que vivir con esa misma pregunta, incluso después de que termine el juicio.
José Ignacio Miranda Cifuentes
Abogado penalista | Miranda Soluciones Jurídicas



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